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Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo de los hogares mexicanos en salud aumentó 41.4% en términos reales, según un análisis de México Evalúa basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI. El desembolso trimestral por persona pasó de 1,135 a 1,605 pesos, y entre el decil más pobre el incremento fue de 83%. En ese mismo periodo, aproximadamente 287,000 familias cayeron en pobreza por gastos médicos, 60% más que en 2018, de acuerdo con la misma organización.
El deterioro se vincula con la eliminación del Seguro Popular en 2019 y la creación del INSABI en 2020, que luego fue sustituido por el IMSS-Bienestar. Estos cambios no han logrado cerrar la brecha de cobertura: México Evalúa estima que más de 40 millones de mexicanos carecen de acceso efectivo a servicios públicos de salud, más del doble que hace seis años, y siete de cada diez personas buscan atención fuera del sistema público pese al costo adicional que ello implica.
El gasto público federal en salud se mantiene en alrededor del 2.6% del PIB, una cifra inferior a la mitad del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y muy por debajo del promedio de la OCDE (cerca de 9.5%). Además, los recursos por persona asignados a los derechohabientes del IMSS o ISSSTE duplican los destinados a quienes están afiliados al IMSS-Bienestar, que atiende a unos 70 millones de personas sin seguridad social formal.
Ante este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa el Servicio Universal de Salud, que busca permitir el acceso a cualquier instalación pública sin importar la institución de adscripción, respaldado por una credencial digital de salud y un expediente clínico único. El registro comenzó a principios de 2026 con adultos mayores de 85 años, y se prevé una interoperabilidad total entre instituciones para 2030. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han abierto una agenda de cooperación técnica con las autoridades mexicanas para apoyar la transición.
El éxito de esta reforma para reducir el gasto de bolsillo dependerá en gran medida del presupuesto federal de 2027, que actualmente se debate en el Congreso. México Evalúa señala que los avances en cobertura nominal no han reducido los desembolsos de los hogares, ya que el aumento en el número de beneficiarios ha superado los recursos asignados por persona. Analistas de la organización advierten que el presupuesto debe vincularse explícitamente con el tamaño de la población y sus necesidades reales, y proteger al sector de recortes, para que la iniciativa no se limite a formalizar un sistema ya de por sí sobrecargado.